Sentiments Saharauis

Desde el año 1975 el Sáhara Occidental se haya ilegalmente ocupado por Marruecos. Desde esa fecha, las tropas marroquíes ocupan un territorio que invadieron por la fuerza, negándose a cumplir las resoluciones aprobadas por la ONU y la UA, al tiempo que violan masivamente los derechos humanos en las zonas ocupadas.

Como potencia descolonizadora, España es responsable política y legalmente del origen de esta guerra colonial y, por ende, de la situación de injusticia y de sufrimiento del pueblo saharaui. Nuestro país abandonó precipitadamente el Sáhara frente al chantaje que supuso la Marcha Verde, incumpliendo todos sus compromisos respecto a la descolonización de su última colonia, actitud que se mantiene en la actualidad, a pesar de seguir siendo la potencia administradora según Naciones Unidas.

Sr. Presidente, el sufrimiento del pueblo saharaui lo sentimos como propio y no entendemos el evidente abandono del PSOE y de los Gobiernos socialistas desde una posición de principios relacionada con una larga tradición socialista de apoyo a las causas de libertad.

El Gobierno del Presidente Suárez decidió un embargo de armas a Marruecos y cuando, posteriormente, firmó en febrero de 1978 un Acuerdo Pesquero con dicho país, que afectaba al banco pesquero saharaui, se encontró con la radical oposición del PSOE , que había ya asumido la causa de la libertad e independencia saharaui como bandera propia.

Tras su legada al poder en 1982, la política de los distintos Gobiernos socialistas, viene marcada, sin embargo, por un claro distanciamiento de esta posición respecto al conflicto del Sáhara a favor de las posiciones de Marruecos.

Entonces, la “causa saharaui” era bandera y reivindicación solidaria dentro del PSOE. Hoy ya no se firman declaraciones conjuntas con el Frente POLISARIO y, sin embargo, se han convertido en política de Estado los acuerdos pesqueros con Marruecos, ilegales a todas luces, y las ventas de armas a un país que oprime a un pueblo en su tierra, ocupada ilegalmente; actuaciones éstas duramente criticadas por el PSOE por aquellos años.

¿Qué queda de aquellos años de compromiso, de principios, de concienciar a la sociedad sobre la justicia de su causa, de reconocer que el conflicto del Sáhara es un conflicto de descolonización, y como tal, su solución radica en el principio básico contenido en la Carta de las Naciones Unidas y detallado en las resoluciones 1514 y 1541? España, dirigida por un Gobierno socialista, no debe oponerse al derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y justo que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro entre varias opciones: la independencia, la integración y la libre asociación.

Es perceptible que ha habido una clara modificación en la política hacia el norte de África, lo que ha convertido las referencias a estos propósitos del PSOE en una mera acción electoralista. Ya no se habla del referéndum, ni del Plan de arreglo, ni de los acuerdos de Houston que Marruecos había firmado y que España, bajo Gobierno socialista había defendido en la ONU. Ya no se habla del Plan Baker, que fue aprobado por la ONU.

No es comprensible esa evolución hacia lo que es anti-socialista y contrario a los principios básicos de un Gobierno democrático y de progreso, como es la de la libertad de pueblos oprimidos por fuerzas extranjeras. No supimos tal vez leer correctamente sus palabras pronunciadas en Julio de 2002, siendo líder de la oposición socialista, en la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas: “No creo que más autodeterminación, más nacionalismo o el germen de Estados independientes sea una garantía de progreso para los pueblos”...” Hay que ser solidarios con los saharauis, pero no estar atados a errores del pasado impregnados de una falsa visión romántica “. Ahora se comprende mejor el gravísimo mensaje ideológico y político que encerraban esas palabras, porque encontraron su plasmación concreta en el curso de su último viaje a Marruecos, cuando dijo ante las cámaras que acogía con interés la propuesta marroquí de autonomía, como vía de solución al conflicto.

El Gobierno presidido por usted, en lugar de acordarse de sus posiciones de principio respecto al derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, y recordarle a Marruecos sus compromisos respecto a dicho principio y pedirle que cumpla lo que había firmado y aceptado al final de muchas y largas negociaciones anteriores, - Londres, Berlín, Lisboa, Marrakech, Houston... se olvida del principio de la descolonización y acoge con interés la tesis marroquí.

España, al igual que Marruecos, no puede decidir el destino de un territorio que no le pertenece y menos todavía en contra de la voluntad del pueblo de ese territorio y en abierta violación de la legalidad internacional. España debe, en todo caso, limitarse a apoyar cualquier decisión que tome el pueblo saharaui sobre su futuro y sobre el futuro del Territorio. Es una posición de mínimos que está justificada por una sencilla referencia a las resoluciones de la ONU.

En la carta del Ministro de Exteriores marroquí, Sr. Benaissa, al Secretario General de la ONU de 9 de abril de 2004 -nada más producirse el cambio de Gobierno en España-, se excluye la opción de la independencia de un referéndum de autodeterminación y se considera que la “soberanía” marroquí sobre el territorio no es “negociable”. De esta manera puso fin a los esfuerzos llevados a cabo por Baker y Kofi Annan que consideraban con el Consejo de seguridad –resolución 1495 (2003) que el Plan Baker era una “solución política óptima del conflicto”.Y como dijo el Presidente de Sudáfrica, Sr. Mbeki:” La respuesta oficial de Marruecos, constituye una denegación de la autodeterminación del pueblo saharaui, violando así la legalidad internacional, además del compromiso libremente asumido por Marruecos, de celebrar un referéndum de autodeterminación”.

Nos sentimos defraudados Sr. Presidente, porque al abandonar una política de principios anclada en las mejores tradiciones solidarias socialistas, y tras cuatro años de gobierno, se ha caído en una posición que en definitiva satisface a la política agresiva de una monarquía absoluta que se aferra a un expansionismo anacrónico y, al mismo tiempo, se ha dejado de lado el sufrimiento y la razón de ser de un pueblo que, como el Palestino o el de Timor, lucha por su derecho a existir.

Hoy es difícil ocultar que esta política ha sido configurada como respuesta a lo que podemos llamar “chantaje velado” formulado por el Gobierno marroquí en términos inequívocos. En efecto, el Ministro delegado para Asuntos Exteriores de Marruecos, y hombre de confianza del rey Mohamed VI, Taieb Fessi Fehri, lo formula así: “La buena marcha de nuestras relaciones -con España- depende en un 90 por ciento de lo que diga España sobre el Sáhara” .

Cuando el Frente POLISARIO presentó su propuesta, basada en la necesidad de organizar un referéndum de autodeterminación con todas las opciones ya acordadas en anteriores Planes de Paz, junto al ofrecimiento de relaciones privilegiadas con Marruecos en el caso de que dicho referéndum conduzca a la independencia, España mantuvo silencio total, en lugar de “acoger con el mismo interés esta propuesta”.

Ahora bien, decir que “los principios que han defendido unos y otros no han trasformado nada las cosas” y “que llevamos 30 años sin solución”, es no tener una posición propia y al mismo tiempo significa colocar al mismo nivel dos posiciones totalmente distintas: la legalidad internacional con todas sus Resoluciones y la posición intransigente de las autoridades marroquíes de no aceptar ni una sola de esas Resoluciones.

Queremos llamar su atención sobre ciertos elementos relacionados con la maniobra marroquí de la llamada “autonomía”. La propuesta es inaceptable porque presupone que el territorio del Sáhara Occidental es territorio marroquí. A día de hoy, ningún organismo internacional ni ningún Gobierno del mundo han reconocido a Marruecos esa pretensión de soberanía. Hay una ocupación de hecho que la ONU en su resolución 3437(1979) calificó de “ocupación militar”.

La propuesta de autonomía que ofrece Marruecos es inviable. Es una táctica de mala fe. Los Saharauis - hoy minoría en su propio País -, se verían, en el mejor de los casos, reducidos a una situación similar a las tristemente célebres “reservas indias” y a merced de una monarquía feudal, todopoderosa, que ha demostrado gran habilidad para confundir sobre el poco respeto que le merecen los principios democráticos y la legalidad internacional.

Frente a las virtudes poco democráticas del Régimen marroquí, y la acumulación del resentimiento derivado de la guerra, del exilio, y a una situación de colonización masiva que ha alterado drásticamente las coordenadas demográficas, una “coexistencia” en el marco de esa mal llamada propuesta de autonomía que pretenda hacer convivir pacíficamente a dos pueblos diferentes, es una ilusión y una quimera. En el mejor de los casos, tendríamos la situación similar a la de Kosovo o de una Palestina, con todos los ingredientes de una confrontación sangrienta.

Por lo tanto le pedimos que el Gobierno se aleje del peligroso juego marroquí, porque los saharauis no lo aceptan, y el pueblo español tampoco. Al Estado le debe interesar una paz en El Magreb fundamentada en la legalidad internacional correctamente entendida, desde la visión de la Carta de la ONU, y no la visión de “juristas del régimen marroquí”. Nos debe interesar un Sáhara independiente enfrente de nuestras fronteras, cerca de las costas canarias, porque será, y ha dado pruebas fehacientes de ello, un país pacífico, tolerante, democrático, y que comparte la cultura hispana.

No nos vale el argumento de que tal vez ciertas potencias no se atreverían a ir en esa dirección. Esas potencias no se atrevían a reconocer la independencia de Vietnam o de Argelia. Lo que nos vale es la posibilidad de ver a nuestro Gobierno asumir posiciones propias, que pueden o no coincidir con los deseos de esas potencias, de la misma forma que dichas potencias adoptan y asumen posiciones sin que sea para ellas relevante que ello agrade o no a España, como se puede apreciar en el asunto de Kosovo.

El Gobierno socialista ha dado pruebas de valentía al asumir posiciones, como en Irak, contrarias a las de alguna de esas potencias y nos gustaría ver esa misma valentía en el caso del Sahara Occidental, frente a un país que no puede ser catalogado de potencia, como es Marruecos.

Ello serviría para ofrecer mejores perspectivas a las actuales negociaciones iniciadas en junio en Manhasset entre el F. POLISARIO y el Reino de Marruecos. En el curso de estas rondas se ha podido ver que Marruecos no viene para negociar en el marco de los términos de la Resolución 1754 del Consejo de seguridad que reconoce que existen sobre la mesa dos propuestas de solución, y no sólo la propuesta marroquí. Marruecos no viene con buena fe. Viene para intentar imponer su propuesta, que había sido acogida con interés por el Gobierno socialista. Si no logra implicar a la ONU en el proceso de imposición, lo más probable, según las propias estimaciones saharauis, es que Marruecos se retire del proceso, lo cual dejaría abierta las puertas para todas las posibilidades y para todos los riesgos.

Le exigimos, Señor Presidente, una posición pública de defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Los organismos humanitarios de la ONU y las Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, han demostrado que Marruecos viola de forma sistemática esos derechos en el territorio que ocupa del Sahara Occidental. Hasta ahora, puede que hayan habido gestiones secretas o privadas, pero ante una cuestión de este calado, solo las posiciones públicas podrían marcar la diferencia y ayudar a que la tortura, las violaciones sexuales de presos o detenidos, las palizas, las detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilios a altas horas de la noche y desapariciones de personas..., dejen de producirse en el Sahara Occidental. Marruecos ha transformado el Sahara Occidental en una enorme prisión que, nadie que no tenga la autorización previa de las autoridades marroquíes, puede visitar. Las visitas de las famosas delegaciones del Parlamento Europeo y del Parlamento español, fueron vetadas hasta hoy día por Rabat.

Proponemos que se asuma como un compromiso de Estado, con la aprobación de todos los partidos, una partida presupuestaria especifica, de apoyo a la Educación, Salud y necesidades básicas, de los 170.000 saharauis que viven en los campamentos de refugiados, y asistencia en general a los que resisten en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.

Tampoco podemos dejar pasar la ocasión, para pedirle que reconozca el Estatuto diplomático a la Representación Saharaui en España, considerando que así lo tiene reconocido la “Autoridad Nacional Palestina” sin que se haya proclamado el Estado palestino ni se haya llegado a un acuerdo definitivo sobre las fronteras.

Sr. Presidente, no hay en España una sola ciudad ni pueblo de cierta importancia donde no exista una Asociación de Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui.

Usted conoce que, mayoritariamente, el pueblo español apoya de una u otra forma la causa del pueblo saharaui. Hemos convivido con este pueblo y los lazos que unen a miles de familias saharauis y del Estado español son evidentes e imborrables. No es un pueblo cualquiera para nosotros y para España, el Sahara no es cualquier conflicto. Con menos información, el PSOE se situó del lado del movimiento ciudadano contra la guerra de Irak. Asuma esta demanda social.

Hoy, con toda la información que tenemos acerca del Sahara Occidental, nos oponemos a que nuestro país siga dando la espalda a esta causa o que se limite a una ayuda humanitaria mientras se ofrece a Marruecos apoyo político, diplomático y militar, así como financiero, que le permite seguir violando la legalidad internacional y los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Desde el movimiento de solidaridad exigimos la implicación de su Gobierno en la defensa del derecho a la autodeterminación e independencia en el Sáhara Occidental, y que rectifique su actual política antes de que sea demasiado tarde, y que defienda la búsqueda de una solución justa y definitiva, en un proceso de descolonización que no supimos concluir cuando era su momento. Somos muchos los españoles que podemos llegar a fijar nuestras posiciones electorales en asuntos aparentemente menores de la política nacional o internacional, pero con una carga ética y moral de gran calado y que pueden marcar la diferencia entre las distintas opciones en las próximas elecciones, siendo éste, a veces, el único argumento y papel que se nos permite, en tanto que ciudadanos y ciudadanas que forman parte de un Estado de Derecho.

Atentamente

José Taboada Valdés
Presidente de la CEAS